Delito de estafa a la buena fe pública del elector

Delito de estafa a la buena fe pública del elector

I.- Introducción

Este trabajo cavila sobre el delito de “estafa a la buena fe pública del elector” rastreando la acepción correcta del tipo penal en cuestión y sus meandros conexos en el orden conductual-simbólico de las sociedades, como así también, intenta mocionar a favor de dicha tipificación en el Código Penal Argentino 2021, mutatis mutandis, lo normado en el art. 140° del Código Electoral Nacional y el art. 140 de su decreto reglamentario Nº 2135, y eventualmente cómo puede prevenirse y sancionarse. 

 

 

II.- Generalidades

“Tenés una boca para hablar

Y comenzás a preguntar

Y conocés a la mentira”

Charly García

 

Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie”, apoteótico sincericidio perteneciente a Carlos S. Menem tras salir electo presidente prometiendo “salariazo” y “revolución productiva”, implementando, políticas públicas diametralmente opuestas a las acordadas socialmente en campaña. Lo propio hizo el Presidente Mauricio Macri bajo los falsos auspicios: “pobreza cero”, “inflación a un dígito”, “eliminación del impuesto a las ganacias”; entre otras.  En igual sintonía, en Perú, la Primera Fiscalía Penal Corporativa del Santa solicitó que el ex gobernador regional de Áncash Waldo Ríos pague 23.700 soles en concepto de reparación civil por haber ofrecido dinero como promesa de campaña durante la campaña 2014[1]. La lista es larga y cada día se agregan nuevas falsas promesas y formas ponzoñosas orientadas de incumplir contratos sociales. 

 

Se avanza en este apartado precisando velados clivajes en las diversas actividades humanas con la relación inmensurable del daño generado en el imaginario social. Para hacerlo posible es necesario introducir conceptualizaciones propias de Cornelius Castoriadis.

 

Según recuerda Bourdieu en La misére de monde [La miseria del mundo], la verdadera medicina empieza con el reconocimiento de la enfermedad invisible –“hechos de los que el enfermo no habla o que olvida comunicar”-. La argentina de estos días es un excelente laboratorio consumado de estafa. Los sujetos instituyen, a través de las propuestas de campaña, presentes acumulados sucesivamente que pulen imágenes de la realidad configurando un sentido y, desechando, de este modo, al tiempo como entidad. Todo presente aparece concatenado por un espacio común quedando bajo la férula de la heteronomía.  Ahora bien, encarnamos esas plataformas electorales de los candidatos y, a la vez, somos instituidos por ellas. No existe libertad en sentido estricto, estamos indeterminados. La libertad es indeterminada. Corremos venturosos hacia las urnas, omitiendo, la refriega de un colosal matadero cívico.  Buena parte de esto ocurre en la esfera del “teukhein[2]  donde los ciudadanos emulan, en su fuero interior, códigos opresores en función de formidables ágapes destituyentes. Vanagloriamos el conculcamiento más artero de nuestra confianza y soportamos la irrisión más abyecta propinada desde las tribunas mediáticas. Sin embargo, funcionarios y políticos no intentan desmentir las falacias, tampoco reflexionar en torno al ámbito de las relaciones contractuales incorporado en nuestro CCYC verbigracia en el art. 1090 que refiere a los criterios subjetivos perseguidos al momento de efectuar el negocio jurídico y la autorización a la parte perjudicada a declarar la resolución del contrato; asimismo, en el art. 281 CCYC, se recepta que la causa es el fin inmediato determinante de la voluntad. Como bien sabemos, el instituto de la resolución art. 1083 CCYC, opera hacia el pasado restituyendo la situación anterior. En los ‘contratos electorales’, la situación del votante defraudada/o, debería, emplazarse con los mismos efectos que las relaciones contractuales. 

 

En definitiva, nos encontramos sumidos en la cultura de masas y sólo encontraremos respuestas a los problemas acuciantes si renunciamos a los testimonios aislados de pasividad y conformamos formatos proactivos de discusión y regulación en materia legislativa y jurisprudencial. 

 

III.- Delito de estafa a la buena fe pública del elector 

 

Debido a los diversos acontecimientos políticos y sociales que durante años han vulnerado la buena fe del ciudadano por parte de actores políticos que pugnan por ocupar un cargo público, ofreciendo falsas promesas en campañas electorales para captar el voto popular, consideramos necesaria la incorporación del Delito de estafa a la buena fe pública del elector en el Código Penal vigente. 

 

Este nuevo tipo penal, no contemplado en la Ley electoral de la Nación Argentina (Ley N° 19.945), tendrá como finalidad sancionar de manera punitiva la conducta ilícita del candidato que busca ocupar un cargo público en salvaguarda de proteger el derecho a la libre determinación del voto. 

 

Es por los motivos expuesto que, en concordancia con el art. 37[3] del capítulo II de la Constitución Nacional Argentina vigente y ante el vacío legal advertido en el Código Electoral Nacional y su  decreto N° 2135, consideramos necesaria la incorporación del Título X-A denominado Delitos contra la confianza y la buena fe pública electoral, cuyo capítulo único denominado ‘Delitos electorales’ contemple el delito de estafa a la buena fe pública del elector. 

 

Para cumplir con este objetivo, es necesario esbozar una definición del Delito de estafa a la buena fe pública del elector, desarrollando el tipo penal y el bien jurídico protegido de la siguiente manera:

Tanto la doctrina, como la jurisprudencia comparada coinciden en definir el delito de estafa a la buena fe pública del elector como: “aquel candidato que procura ocupar un cargo público mediante engaño o falsas promesas de campaña e inducir el voto en un sentido determinado en perjuicio del elector, vulnerando el derecho a la libre determinación del votante”.

 

Con respecto a la tipicidad objetiva, el sujeto activo que realiza la comisión del delito es el candidato elegible que se postula a un cargo público, el cual deberá ser designado por su partido político y figurar inscrito ante el órgano electoral competente.

 

El sujeto pasivo vendría a ser el elector o sufragante, en virtud del cual, es quien ejercerá el voto y la afectación por parte del sujeto activo, siendo el agraviado el Estado en representación de la sociedad. 

 

La relación o el nexo causal sería el engaño (falsas promesas concretas, propuestas de campaña irrealizables que carecen de un sustento técnico) a través del cual se vulneraría la libre determinación del derecho del voto del electorado con el fin de ocupar un cargo público. 

 

Con respecto a la tipicidad subjetiva, vendría a ser dolosa ya que el candidato a ocupar el cargo público, busca desviar la voluntad del elector a través de falsas promesas dadas en campaña electoral.

 

El momento de la consumación del delito se produce desde que el sujeto activo consigue el voto del electorado obteniendo el cargo público.

 

Finalmente, el bien jurídico protegido a establecerse vendría a ser la buena fe pública del elector[4]. Es decir, el elector o sufragante, quien, habiendo tomado la debida diligencia sobre las propuestas concretas planteadas por los candidatos a ocupar un cargo público, ejerce su derecho a decidir y otorgar libremente su voto a aquel candidato que propuso la materialización de las promesas ofrecidas en campaña o la ejecución del plan de gobierno propuesto desde el momento en que ejerce funciones al cargo elegido hasta la culminación de su mandato.

 

Por lo tanto, la imposición de la pena privativa de la libertad será no menor de 2 ni mayor de 6 años e inhabilitación de 4 años a postular a cualquier cargo público, esto con el propósito de velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos y salvaguardar su libre derecho al sufragio y que el Estado ejerza el ius imperium sobre todo aquel que con dolo pretenda torcer la voluntad popular con promesas vacías de sustento técnico-legal. 

 

IV.-Legislación y Jurisprudencia Comparada

 

En la jurisprudencia penal peruana el delito de estafa de la buena fe pública electoral, denominada como inducción al voto[5], desarrolla el tipo penal en las siguientes sentencias: 

 

La Casación N° 348-2015, emitida por la sala penal transitoria de la provincia de Huánuco, delimita el contenido típico que debe contener el delito de inducción al voto.

 

“El imputado, en el curso de un proceso electoral en giro, vulnerando la neutralidad electoral de los funcionarios públicos, apoyó de manera explícita a un candidato a congresista resaltando que si se vota por él las obras seguirían. En ese sentido, no se trata de una promesa concreta a un elector o grupo de electores determinados, sino de un ofrecimiento vago o genérico de las supuestas bondades y mejoras que importaría el voto favorable a dicho candidato, lo cual fue expuesto en una conferencia de prensa realizada en un acto político y en presencia del candidato en cuestión. Como no se indica qué obras se realizarían y a qué sectores se beneficiarían, la conducta incriminada solo es censurable desde el Derecho electoral, pero no desde el Derecho Penal”. (La Ley, S/F.P.1)

En la Casación N° 760-2016, emita por la sala penal permanente de la provincia de la Libertad, desarrolla que el delito de inducción al voto solo puede realizarse una vez que existan candidatos elegibles:

 

(…) “El delito de inducción al voto es un delito contra el derecho al sufragio, de pura actividad, de peligro concreto y que solo puede cometerse una vez, que existan candidatos elegibles. Por el principio de subsidiariedad y fragmentariedad debe circunscribirse a las conductas más graves y que no puedan ser controladas eficientemente por el derecho electoral”. 


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[1] https://larepublica.pe/politica/1174211-fiscalia-solicita-2-anos-de-carcel-para-waldo-rios-por-ofrecer-dinero-a-votantes/

 

[2] teukhein: hacer social, acción cambiante. 

 

[3] Artículo 37. - Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. (…)

 

[4] El Doctor Cesar Raúl Jiménez, quien también establece como bien jurídico protegido la “buena fe pública” discrepamos que el delito “estafa de la buena fe pública” que el Doctor Jiménez propone deba ser incluido dentro de “Delitos contra la propiedad-en la modalidad de estafa y otras defraudaciones”, puesto que el bien jurídico protegido es en esencia el patrimonio y no la confianza, buena fe y el derecho de sufragio del electo o sufragante.

 

[5] Artículo 356. - Inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado: El que, mediante dádivas, ventajas o promesas trata de inducir a un elector a no votar o a votar en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. (Código Penal Peruano)

 

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BIBLIOGRAFÍA

 

Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Umberto Eco (1932-2016).

 

Casación N° 760-2016-La Libertad (20/03/2017). Perú. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9bea2100440ac4eca15de78857548753/CAS_760-2016_La_Libertad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9bea2100440ac4eca15de78857548753

 

“Cuando comenzamos a nacer”. Sui Generis, Vida, 1972. 

 

Decreto Legislativo N° 635 (8 de abril de 1991). Código Penal Peruano. Lima: http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf

 

Decreto Ley N° 24.430 (3 de enero de 1995). Constitución de la Nación Argentina. Buenos Aires. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

 

Decreto Ley N° 11.179. Código Penal Argentino.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm 

 

Decreto Ley N° 2135 (18/08/83). Código Electoral Nacional.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm#1

 

La Ley (27/10/2019). Casación N° 348-2015. Lima. https://legis.pe/casacion-n-348-2015-huanuco-falta-de-contenido-tipico-delito-de-induccion-al-voto/

 

La institución imaginaria de la sociedad. Cornelius Castoriadis (1922-1997).

 

La miseria del mundo. Pierre Bourdieu (1930-2002).

 

Morales, H. (08 de abril de 2018). Cárcel efectiva para Waldo Ríos por promesa de 500 soles en campaña electoral. La República. https://larepublica.pe/sociedad/1224288-carcel-efectiva-para-waldo-rios-por-promesa-de-500-soles-en-campana-electoral/

 

Misiones Online Beta (28 de febrero de 2001). Polémico proyecto de un juez: Seis años de prisión para políticos que no cumplan con sus promesas electorales. https://misionesonline.net/2001/02/28/polemico-proyecto-de-un-juez-seis-anos-de-prision-para-politicos-que-no-cumplan-con-sus-promesas-electorales/

 

Infobae (03 de julio de 2018). Proponen castigar con cárcel a los políticos que mientan o difamen en campaña. https://www.infobae.com/politica/2018/07/03/proponen-castigar-con-carcel-a-los-politicos-que-mientan-o-difamen-en-campana/

 

 

 



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